miércoles, 29 de agosto de 2018

Perú declara emergencia sanitaria en tres distritos por la llegada de venezolanos

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Inmigrantes venezolanos muestran sus documentos al subir a un autobús en la ciudad peruana de Tumbes,  EFE

La crisis migratoria sobrePasa la capacidad de respuesta de las autoridades de los territorios fronterizos.


El Gobierno peruano declaró en emergencia este martes tres distritos del departamento de Tumbes, fronterizo con Ecuador, "por peligro inminente de afectación de la salud y saneamiento" ante el incremento de la inmigración de ciudadanos venezolanos, que llegó a la cifra récord el 11 de agosto de más de 5.100 atendidos por el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes.

Un decreto supremo publicado en el diario oficial establece el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, de la provincia de Zarumilla, y el distrito de Tumbes en la provincia del mismo nombre, dado que ha sido "sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Tumbes al incremento de la migración internacional proveniente del norte".

La declaración de emergencia es una condición que facilitará las acciones de "reducción del muy alto riesgo" a cargo de los ocho ministerios que firman la norma: Salud, Defensa, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Economía, Vivienda y Saneamiento, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Hasta el jueves pasado habían ingresado a Perú 400.200 venezolanos y este martes la cifra ascendió a 414.011 personas. Según la Superintendencia de Migraciones, en la última semana el promedio diario de venezolanos que ingresan a Perú se ha reducido a 1.200 personas cuando fue de 3.500 antes del requisito del pasaporte. Por otro lado, el vicecanciller Hugo de Zela informó que de las más de 100.000 solicitudes de refugio de venezolanos en Perú, la Cancillería solo ha aceptado menos de 100 casos. "La mayoría son migrantes y no refugiados", reporta el diario La República.

En las dos últimas semanas, una gran cantidad de inmigrantes ha tenido que dormir en plazas y la vía pública en las localidades de Tumbes al no encontrar albergue. El fin de semana, voluntarios peruanos y ecuatorianos se acercaron a la frontera a repartir alimentos a los migrantes que hacían cola para ingresar a Perú. Algunos de ellos, debido a las condiciones duras del viaje y el poco presupuesto, llegan debilitados o requieren atención de salud.

El viernes 17 de agosto el Gobierno peruano anunció que a partir del sábado 25 exigiría la presentación del pasaporte en vez de la cédula de identidad para el ingreso al territorio. El ministro de Interior, Mauro Medina, explicó que el nuevo requisito era una medida de seguridad porque el documento de identidad venezolano es fácil de falsificar.

En ese contexto, el analista internacional Óscar Vidarte comentó a EL PAÍS que “la migración venezolana se está volviendo impopular con pocas bases reales, y al estar cargada de alto contenido de xenofobia termina siendo politizada". "El Gobierno (con este requisito) busca que esta ola no se acreciente", señala.

Sin embargo, organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Perú y el director de Migración de Colombia se pronunciaron contra esa nueva exigencia que podría derivar en migración ilegal y redes de tráfico de personas, y también porque desconoce la situación de crisis humanitaria que afrontan quienes huyen de Venezuela.

El sábado que entró en vigor el requisito. Sin embargo, el canciller peruano Néstor Popolizio anunció que el Gobierno no dejaría "a ningún venezolano fuera de la frontera", y que podrían admitir sin pasaporte venezolano a menores de edad, a sus padres, gestantes y adultos mayores. También refirió que en otros casos podrían admitir a los inmigrantes sin pasaporte con un pedido de asilo o refugio.

El miércoles las autoridades de Migración de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán en Lima para adoptar criterios similares acerca del ingreso de los inmigrantes venezolanos en los cuatro países. Este martes, Colombia y Perú acordaron crear una base de datos conjunta de los venezolanos que abandonan su país para mejorar la atención de la emergencia migratoria.

Fuente: elpais.com

“Afrontar la crisis migratoria solo en el plano nacional es un error gigantesco”

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El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en su despacho en Bogotá, Colombia. 
El Gobierno de Colombia promueve reuniones con Perú, Brasil y Ecuador para tratar de responder al éxodo venezolano que vive la región

Carlos Holmes Trujillo (Cartago, 1951) lleva menos de un mes en el cargo de canciller de Colombia y ya se enfrenta a la peor crisis migratoria que ha sufrido el país, más acostumbrado a despedir ciudadanos por la violencia que a recibirlos. Asegura que solo la coordinación regional dará respuesta al éxodo de Venezuela. Aunque, por el momento, los encuentros entre los estados afectados no se están concretando en medidas que respondan a los cientos de miles de venezolanos que escapan de la crisis cruzando, muchos de ellos a pie, Colombia.

Pregunta.- En Colombia hay casi un millón de venezolanos que han huido de su país. El éxodo va a continuar. ¿Van a mantener la política migratoria interna del Gobierno anterior o van a aprobar nuevas medidas?

Respuesta.- Estamos atendiendo esta crisis en tres niveles: local, regional y multilateral. En lo nacional vamos a seguir aplicando las medidas que se han puesto en práctica en materia de control migratorio, pero también de atención sanitaria, educativa y de seguridad. Y las vamos a profundizar con coordinación interinstituciona

P.- ¿Qué medidas son y cuándo se van a poner en marcha?

R.- Para ponerlas en marcha, primero hay que prepararlas. Estamos en esa etapa.

P.- Cada día son más los venezolanos que deciden atravesar la región caminando. Ecuador ya ha facilitado autobuses gratuitos, ¿se plantean seguir este tipo de iniciativas?

R.- No, lo fundamental es la respuesta regional. Mirarlo en el plano nacional es un error gigantesco.

P.- ¿Cómo está siendo la coordinación regional con Perú, Ecuador y Brasil, los otros países que reciben migrantes venezolanos?

R.- Se han adelantado gestiones con las autoridades de estos países. Estamos en contacto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedirle que participe ante esta crisis. Se han celebrado reuniones en Bogotá entre las autoridades colombianas, peruanas y brasileñas y se ha decidido acordar unos principios migratorios mínimos entre todos. En Lima se va a celebrar una reunión del Consejo Migratorio Andino el miércoles y la próxima semana asistiremos a una reunión en Ecuador. No hay otra manera de atender esta situación.

P.- ¿Cuándo se van a empezar a aplicar estas medidas conjuntas?

R.- Lo importante es reconocer el carácter regional. Ninguna medida de manera aislada será suficiente para hacerle frente a la crisis.

P.- Por concretar: ¿Se plantean tarjetas migratorias comunes, documentos sanitarios, nuevos filtros en la frontera para conocer el nivel educativo y laboral?

R.- Hasta ahora se han tomado acciones individuales, estamos en el esfuerzo de concretar medidas comunes.

P.- Ha viajado a la ONU para pedir que la comunidad internacional se involucre en esta crisis, ¿qué respuesta ha recibido?

R.- Me entrevisté con el secretario general y presenté la situación ante el Consejo de Seguridad. Hoy hablé con el Alto Comisionado para los Refugiados y se sigue avanzando en crear un mecanismo de coordinación humanitaria para darle un tratamiento multilateral a la crisis.

P.- ¿Cuánto dinero requiere una emergencia migratoria de este tipo?

R.- Para el fondo humanitario de emergencia propuesto no hay una cifra calculada, tendrá dimensiones significativas. Estamos promoviendo un evento en el Consejo de Seguridad de la ONU al que queremos invitar a los países que sufren esta situación, a países donantes o cooperantes y a organismos multilaterales. Además de promover un enviado especial de la ONU que coordine estas iniciativas.

P.- El presidente Donald Trump llegó a hablar de una intervención militar en Venezuela. ¿Estados Unidos ha planteado la posibilidad de instalar bases en Colombia?

R.- De ninguna manera. En lo que tiene que ver con Venezuela, la posición de Colombia se desprende del cumplimiento de los deberes que tenemos como firmantes de la carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana.

P.- Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, y los cultivos ilícitos siguen creciendo. Estados Unidos ya ha mostrado su preocupación. ¿Cómo va a ser la relación con Washington en esta materia?

R.- Tenemos los mismos propósitos. Nuestro deber es trabajar conjuntamente para hacerle frente con mayor eficacia al problema mundial de la droga. Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces. De otro lado, uno de los ajustes que se pretende hacer al acuerdo con las FARC es lograr que el narcotráfico no sea crimen conexo al delito político y por lo tanto amnistiable.

P.- ¿En qué queda el nuevo enfoque en la lucha mundial antidrogas que había promovido el anterior gobierno?

R.- En un fracaso tremendo: de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos se subió a más de 200.000. Conclusión: esa política fue equivocada y hay que corregirla.

P.- El período de 30 días para evaluar la negociación con la guerrilla del ELN está a punto de terminar y los países garantes esperan conocer qué va a suceder.

R.- El Gobierno se está tomando este tiempo para analizar bien en qué situación quedó esa mesa de conversaciones. Siempre se ha creído que lo mejor es un cese unilateral de acciones criminales que sea verificable. Toda la ayuda de la comunidad internacional en procura de la paz de Colombia es recibida con gratitud.

P.- ¿Han tomado una posición respecto al reconocimiento de Palestina por parte del anterior Gobierno?

R.- Estamos analizando con todo detenimiento las posibles implicaciones para obrar conforme al derecho internacional.

Fuente: elpais.com

viernes, 22 de junio de 2018

El seno enfermo que revela la crisis humanitaria en Venezuela

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Elizabeth Salazar muestra su seno izquierdo a la prensa venezolana. FEDERICO PARRA AFP


“Alguien tiene que entender lo que significa pasar por lo que estoy pasando yo y miles de venezolanos, lo que es ir a un hospital y que no te dan esperanza, que te digan que debes recibir un tratamiento, pero que no lo hay Venezuela. Me están desahuciando y yo no quiero morirme”, dice Elizabeth Salazar. Sus palabras se difundieron en vídeos y fotografías esta semana en redes sociales, incluso en las que censuran los pezones femeninos.

El martes, la mujer de 64 años, de cabellera canosa y hablar pausado, se levantó la blusa en medio de una protesta frente al Ministerio de Salud, en el centro de Caracas. Llorando mostró cómo un cáncer ductal grado 3 ha devorado su seno izquierdo, una enfermedad que tiene 80% de probabilidades de sobrevivencia, pero que en Venezuela toma ventaja por la brutal escasez de medicinas e insumos.

Hace ocho meses comenzó siendo una pelotita y un dolor. Fue al hospital y le hicieron la biopsia. Después se puso morado, se hundió el pezón y empezó a secretar un líquido. Hoy, sin haber recibido tratamiento, su mama es una gran herida de tejido enfermo que le dolerá hasta que sea extraída y tratada con quimioterapia. “No me importa quedarme con mi seno cortado, no me importa quedarme calva. Yo solo quiero vivir”, dice la mujer que se abre el vestido para mostrar su dolencia.

El martes, un enfermo renal con problemas de esfínteres, se había quitado su pañal empapado y llorado ante las puertas del organismo por la promesa incumplida de que les entregarían pañales a él y a otro grupo de pacientes que esperaba en sillas de rueda.

Estas escenas muestran la desesperación de los venezolanos por la cada vez más grave crisis sanitaria que se vive, pero no llamaron la atención del Gobierno de Nicolás Maduro. Ninguno fue atendido por los funcionarios y en el caso de Elizabeth, entre los cientos de llamadas de solidaridad que ha recibido y que le han permitido reunir los medicamentos necesarios, ninguna ha sido de alguna autoridad. “Son sordos, son irresponsables”, dijo la mujer al salir de una consulta gratuita de la ONG Senos Ayuda.

Elizabeth y su esposo, Luis Ugas, son activistas de derechos humanos. Se conocieron hace 19 años en la Defensoría del Pueblo y desde entonces se han dedicado a denunciar y defenderse. Viven en las afueras de Caracas, en un apartamento de interés social en los Valles del Tuy y sobreviven con la jubilación de ella y algunos trabajos a destajo que hace Luis, 13 años menor que Elizabeth. Desde el martes no han parado de contestar el teléfono y moverse por todo Caracas para recoger el caudal de donaciones que en dos días ha dejado la campaña espontánea que se armó en las redes para salvar la vida de esta mujer.

El hombre llora tras atender una llamada en su celular. “Un señor me dice que es barrendero en Caracas, pero que depositó parte de sus ahorros para mi esposa. La gente es demasiado solidaria, este país es bueno”. El teléfono vuelve a sonar y es el diputado Julio Borges desde el exilio. “Nos van a mandar el medicamento que nos falta”, dice. Llora, ríe y abraza a su esposa.

La solidaridad de los venezolanos que están fuera del país ha permitido paliar la crisis. Pero la ayuda que llega en maletas no alcanza para solventar la magnitud de la contingencia. Elizabeth presentará un recurso ante el Supremo para demandar al Estado por no garantizarle su derecho a la salud. Es un intento más por defenderse, de varios que se acumulan en tribunales del país. La ONG Cecodap promovió en 2016 cuatro acciones legales similares en defensa de los niños que son atendidos en el Hospital J. M. de Los Ríos. No obtuvo respuesta.

Un caso de miles
El cóctel de fármacos que requiere Elizabeth para su quimioterapia es el que se receta en la mayoría de los 5.900 casos de cáncer de mama que se detectan en Venezuela cada año. El abastecimiento de estos medicamentos comenzó a fallar en 2016 y desaparecieron casi totalmente de las farmacias de alto costo, tanto las privadas como las del Gobierno, el año pasado.

“Lamentablemente, las quimioterapias que se pueden conseguir son porque los familiares de un paciente que ya falleció donan las que sobraron o quienes pueden comprarlas en el exterior las traen, pero también es difícil porque se requiere la receta y el informe médico”, explica Nancy Cardozo, gerente de Senos Ayuda, que auxilia a mujeres con pocos recursos. Esta enfermedad es la primera causa de muerte de las venezolanas.

Elizabeth no solo requiere los fármacos sino también un gammagrama óseo, un examen especializado para evaluar si la lesión ha pasado a los huesos. La falta del reactivo para hacer esta prueba pone en vilo a más de 55.000 pacientes oncológicos en el país que deben hacerse la misma prueba.

En marzo pasado una encuesta realizada por la ONG Médicos por la Salud, que tomó una muestra que abarca 90% de las camas hospitalarias del país (de 104 hospitales y 33 clínicas privadas), reveló que 90% de los servicios de radioterapia están inoperativos y en el 94% de los centros de salud no se puede hacer siquiera una radiografía. En un 88% de los hospitales faltan medicamentos, una cifra que ha ido aumentando desde 2014, cuando iniciaron este monitoreo y los fármacos faltaban en un 55% de los centros. En el 79% de los hospitales del país falta material quirúrgico y más de la mitad de los pabellones está inoperativo.

Fuente: elpais.com